17/11/12

Régimen de visitas

A día de hoy, con las leyes vigentes en el terreno de separación o divorcio, absolutamente de espaldas a la realidad social y despreciando de forma inconsecuente e inmisericorde, amén de "irracionalmente", la concesión de la CUSTODIA COMPARTIDA a los progenitores, la violación e incumplimiento por parte de las mujeres, madres monoparentalizadas -por las leyes al uso- DEL RÉGIMEN DE VISITAS, es un hecho, una realidad más frecuente de lo que se cree. Esta situación es un atentado claro contra la libertad de los hijos y los derechos de estos. ¿Cómo puede decirse con tanta displicencia que se defiende los derechos del menor, si se les condena a la monoparentalidad impuesta de forma tan gratuita, sesgándoles por ley el derecho a padre y madre en cuanto se produce la separación de los progenitores? ¿Cómo puede verse como normal que una madre se salte a la torera el régimen de visitas y no pase nada?

26/10/12

Un paso más hacia la Custodia Compartida.

La inconstitucionalidad del Art. 92.8 del código civil en lo referente a que "establece como preceptivo un informe "favorable" del Ministerio Fiscal para que el Juez pueda acordar la guarda y custodia compartida de un menor, cuando no existe acuerdo previo entre los progenitores", tal como lo ha declarado  el Pleno del Tribunal Constitucional en materia de separación o divorcio, supone dar potestad total al Juez sin tener que contemplar la opinión del Ministerio Fiscal, a la hora de conceder la custodia compartida a los padres, si así lo solicitan, una vez hayan decidido separarse o divorciarse.
Esto supone un paso importante en los procesos de separación o divorcio, ya que racionaliza la defensa de los derechos del menor y equilibra el camino de la equidad en tanto en cuanto ambos progenitores podrán ejercer de padres de pleno derecho, sin privilegios para ninguna parte, y lo que es más importante se defiende el derecho de los hijos a padre y madre, acabando con la injusticia de los monoparentalismos, "nada sanos", en detrimento de los derechos del menor.

5/2/11

Sindrome de alienación parental.

Sindrome de alienación parental.
¿Quien se atreve, y con que ligereza, a afirmar que no se manipula a los hijos por alguno de los progenitores, en los procesos de separación?, sólo pueden hacerlo personas que desconozcan la conflictividad de las separaciones o divorcios, o quien hable u opine de estas cuestiones desde un punto de vista y conocimiento meramente teórico, demagógico, o circunstancial. De no ser así, no cabe la afirmación categórica de que el SAP (Síndrome de alienación parental), o la manipulación de menores, o la influencia insana, o llamésele como se quiera, en los procesos de separación, no existe, o se dude de su existencia. Negar algo así es como negar la propia existencia de las personas. Nadie ignora y todo el mundo sabe, que en la ética personal y en la psique humana, hay un componente de amor-odio que domina la voluntad en situaciones en las que sintiéndose herida la persona, tira de él y lo utiliza de aquella manera que más hiere o más daña. Negar, esto, es negar, insisto, la existencia. Tales extremos y condicionantes son un caldo de cultivo, perfecto, para alimentar, el nada agradable enredo, dentro de la conflictividad de las separaciones. Y, si a ello se le añade el condicionante de intereses económicos -que priman por encima de lo puramente ético-, la mezcla explosiva está servida, ya que si, además, se cuenta con el beneplácito -a favor- de una legislación, para ella, que la erige en "progenitor absoluto", le adjudica la guarda y custodia (pasando del progenitor -padre-), y cuantos otros privilegios discriminatorios, lejos del compromiso de igualdad, incluso judiciales y penales, el manual de actuación para manipular con absoluta impunidad está servido. Por lo tanto, ¿cómo va interesar desde los componentes del "sistema" que exista el SAP?, es obvio.
Pero, que a los hijos se les manipula, y se les manipula de forma indecente por el progenitor más "rabioso", más insensato o, por qué no, más demoniaco, claro que si.

28/1/11

Custodia compartida frente a monoparentalidad orquestada.

Flaco favor sigue haciéndosele a la obstaculización o al ninguneo a que está sometida la custodia de los hijos, una vez separados los progenitores. Obstaculización y ninguneo, nada bueno, nada ético, nada racional, nada correcto, nada democrático, nada social; y, para nada entendible, que se afee de manera tan dilatada una cuestión de calado tal como lo es el de la protección real de los derechos de los hijos y de los progenitores no custodios.
Los perjuicios que ocasiona la falta de sensibilidad desde los poderes públicos hacia la vulneración de afectividad en los hijos como consecuencia de privárseles de forma absolutamente arbitraria de la presencia de uno de los progenitores; a día de hoy, aquí, en España , la figura del padre es la más castigada, dañada y en suma discriminado, por el sólo hecho de ser hombre -en un país de “igualdades”, curioso cuando menos, y patético en su aplicación-; los perjuicios, insisto, son de un calado preocupante además de inadmisibles cuando se supone que es el menor el que debe tener absoluta protección, por ser el mas débil, y por ende, lamentablemente, el más obviado. Pero, claro, uno cosa es predicar y otra dar trigo, como se dice vulgarmente. Para las “instancias oficiales de la igualdad”, el voto de colectivos “apadrinados”; que a la sazón es considerado con poder de convocatoria y de protesta -siendo esta, la protesta, molesta e incómoda en sumo grado por lo que de detracción de voto pudiera conllevar-; les induce, antes de defender intereses legítimos en igualdad -y es lo mismo un grupo político que otro en esta materia, ninguno está a la altura de las circunstancias; pero hay que evidenciar al que está en el poder en la actualidad, máxime cuando se ha erigido en escudero y estandarte de “igualdades” y en “progresista” en tales lides-, a parapetarse tras el escudo de los intereses político-electorales, provocando que esa mezcla de “sentimientos”, postergue a la oscuridad aquello que racional y legítimamente es el verdadero derecho de los perjudicados hijos y padres, centro neurálgico de los atropellos legales en el seno de las separaciones y quiebra afectiva de los progenitores.
Que lo que está legislado y lo que “defiende” el ordenamiento, dentro del marco jurídico legislativo -en lo que toca a familia, dentro de la ley de divorcio, separación, ruptura o quiebra afectiva de familia- no es ni suficiente ni se apoya en pilares de equidad y de no discriminación ecuánimes y justos, está más que claro -y eso es un escollo que merece más bien antes que tarde ser reajustado-; y, lo que llama la atención es que se dejen pasar días, meses y años, sin tan siquiera poner a punto los engranajes de materia tan seria, tan falta de atención político-social y tan necesitada de justicia, máxime cuando en juego está la indefensión y el dereho a derechos de tantos menores, y tantos adolescentes que por sus características psicológicas, negárselos, de forma arbitraria, no hace sino dañar de forma dramática, irracional e irreversible su evolución afectiva y su desarrollo natural como personas.
Que sea o no, la custodia compartida, la mejor fórmula para defender los derechos fundamentales de los hijos, o que con ligereza extrema e imprudente se dude de sus beneficios y de su efectividad, es cuestión que debatirla a estas alturas, cuando menos, habida cuenta de los años que lleva imperando como norma la custodia monoparental materna en el 99% de los casos -sin exageración, de media- , no es sino entorpecer el paso a la equidad y al derecho a derechos fundamentales de las personas.
¿Quien, a estas alturas, puede afirmar que el sistema de otorgamiento de la custodia a las madres, por sistema, en el siglo de las “igualdades” voceadas, es el que no vulnera derechos de nadie?
¿Quien puede, con absoluta razón, afirmar, que los hijos están protegidos, debidamente protegidos, en su desarrollo afectivo-emocional con la vigencia de la custodia monoparental-materna al uso?
¿Quien garantiza que los hijos gozan de sus derechos fundamentales, con la monoparentalidad materna establecida y vigente, libres de intoxicaciones afectivas y psicológicas dañinas y contravinientes a su derecho de tener padre y madre?
¿Cuántas razones, fuera hipocresías interesadas y discursos demagógicos, pueden justificar con sinceridad, que sea más conveniente la presencia, en la evolución y desarrollo de los hijos, de la figura de la madre que la del padre, y que para nada afecten a la ausencia de padre en el proceso de desarrollo educacional, formativo y afectivo; o, que no sea vital ni importante la presencia del padre en tal proceso?
Los cambios que se han producido en la sociedad, se han producido para todo y para todos; no pueden administrarse a capricho, ni seleccionar aquellos que en cada momento interesa elogiar o, silenciar, aquellos que pueden resultar incómodos. A eso, puede llamársele contravenir las leyes del progreso social; y, eso puede, muy bien, considerarse como argucia para, de forma inconsecuente,ensombrecer la grandeza de las justicias sociales, de la equidad social, cosa que parece estar devaluada por gobiernos faltos de tacto y compromiso social, atentos, más a aquello que les sirve para permanecer en sus ambiciones que calentarse la cabeza con cuestiones del populacho, que, entre otras cosas, no gozan de interés general, porque a ellos, a los poderes, no les interese darle relevancia.
¿Cómo se puede, fríamente, estar aplicando leyes que claman discriminación -por ejemplo la LIVG-?
¿Cómo se puede permanecer impertérritos frente a leyes que por las circunstancias de cambios sociales y de evolución social, no se ajustan o no cubren las expectativas para las que están hechas, por haberse quedado desfasadas, entre otras cosas, quizás, porque no se reformaron debidamente por no contemplar los inmediatos cambios en las formas de vida social que estaban y han acontecido en nuestros últimos e inmediatos tiempos?
Mientras este debate, mientras estas disensiones entre justicias, igualdades y políticas, juegan a su jugada interesada, y se visten de corto o de largo según la ceremonia social a la que asisten, los hijos -esos, tan tenidos en cuenta por los hipócritas defensores de sus derechos- se mecen en el columpio de la desesperanza y el olvido, con derechos; pero, sin derecho real a ellos; postergados, contemplan el espectáculo de su orfandad orquestada, desde el último rincón del habitáculo donde mora, para su desgracia, una sociedad que les da la espalda y consiente, por comodidad y por inercia cínica, una monoparentalidad disfrazada de defensora del débil, y depredadora inmisericorde de su derecho a los derechos más fundamentales. Derecho, a padre y madre.

26/11/10

Las falsas denuncias y el derecho de custodia de los hijos.

Negar la existencia de las denuncias falsas en la violencia de “género”, o minimizar su presencia hasta el punto de considerar el número irrelevante, es como hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja, de las de coser -claro-. Cómo se puede decir y sostener tan insostenible afirmación. Con todo respeto al CGPJ, ¿cómo se puede lanzar a la opinión pública tal aseveración de inexistencia o mínima existencia de denuncias falsas, y que la justicia actúa en cuanto se produce una sólo de ellas?. Esto, con todo respeto, es abrumador, es inconcebible, es increíble, es a todas luces desproporcionado y en todos sus argumentos in-asimilable, no puede ser que de verdad desde instancia tan soberana se afirme y asevere argumentación tan irreal, o dicho de otra manera tan poco parecido a la realidad.
Que las denuncias falsas existen y en número muy superior y significativo al que se aduce desde las instancias superiores, es público y notorio, bastaría con hacer un sondeo de entre todas las personas que han estado o están involucradas en la desagradable esfera de los malos tratos para sojuzgar cuanto dista la realidad de la “ficción”. Entorno al maltrato y con más significación desde la puesta en marcha de la ley integral, las denuncias por maltrato aumentan -cuestión absolutamente buena y positiva; pero, desgraciadamente ensombrecida por el maquiavélico uso de la falsa denuncia al albor de los flecos que a la citada ley se le escapan- y lo hacen en un número más abultado en cuanto la citada ley abre el campo de la in-consideración jurídica hacia el hombre respecto de la mujer, cuestión que se ha debatido en todos los medios sociales y jurídicos y en observación concreta en cuanto el mismo hecho punible es falta para ella y delito para él; pero esto es sólo una gota en el océano, si a esto se añade que por sólo denunciar ella, él ya es puesto a disposición policial y judicial con privación preventiva de libertad sin juicio y cuando más, puesto en libertad -pendiente de juicio- por no existir cargos de peso, o lo que es peor, por no existir pruebas contundentes, sino sólo la denuncia y alarma social que alrededor de ello se ha creado, pues es evidente que el hombre lleva todas las perder, y a la zaga los hijos por los que se dice mirar desde la ley y los que sólo se tienen en cuenta para herir más aún al padre, ya zarandeado en los previos.
Todo lo anterior es un paseo, serio, por los alrededores de lo que circunda al desagradable espacio social de los conflictos entre pareja una vez iniciado el camino de la ruptura , agravado a su vez por el capítulo referencial de las cuestiones de género. Nadie con sentido común puede poner en razón desinrazones tan contundentes como que no se está haciendo discriminación interpretativa del hecho de los maltratos -que sin dudar un momento, condenable es la violencia en si y sea su origen el que fuere y contra quien fuere, condena por tanto rotunda y absoluta de la violencia- . Es obvio que la ley integral no mide con equidad a él y a ella, y desde ese punto; cómo no, cada cual puede tener su opinión y su punto de vista contrario o discrepante; una maraña de puntos de vista distintos saltan a la palestra, unos interesados, otros de preciso análisis y otros que cohabitan con el hecho político más que con la imparcialidad y la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Ya, claro que es difícil delimitar los parámetros de la equidad, claro que es difícil circunscribir veracidad y acierto, claro que es difícil aplicar el razonamiento de la ética y la letra de la justicia sin rozar la duda y sin correr el riesgo de equivocarse; pero, es por ello por lo que extremar la prudencia es un ejercicio de responsabilidad que merece la pena practicar no corriendo de ligereza y que en su carrera se vulneren los más frágiles derechos fundamentales, como son la presunción de inocencia y el derecho a la libertad; cosas, ambas, que en una falsa denuncia son claramente avasalladas e inconsecuentemente atropelladas.
Volviendo al hecho de la falsa denuncia, una vez que una denuncia por supuestos maltratos, se interpone, él, en un elevadísimo porcentaje, es detenido, y como mínimo entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas está detenido en las dependencias policiales, y si con suerte es puesto en libertad, lo es con cargos hasta entanto se le juzgue, por lo que sin ser declarada su culpabilidad, lo es, en tanto no se demuestre lo contrario. ¿Qué se está vulnerando?, es obvio, su presunción de inocencia.
Nadie duda de ella, de la denunciante, nadie la deja pendiente de la duda de que lo que dice sea o no cierto; a él, ya se le ha imputado, ya hay reo, ya se le ha marcado con el sello de maltratador hasta que se demuestre lo contrario; y, cuando se demuestre su inocencia, nadie va a pedirle a ella explicaciones, antes al contrarioo, a él se le absolverá de los cargos por falta de pruebas o por ausencia de las necesarias; pero, salvo rarísimas excepciones, él no será declarado inocente, sino absuelto por las razones antedichas. ¿Dónde están, pues, las condiciones de igualdad?, ¿dónde están, pues, los derechos fundamentales de él?, ¿falla, o no falla algo en la ley integral contra la violencia de género?
Hoy, asistimos a un atropello mayúsculo -como siempre, necesariamente rectificado y corregido, pero sin arreglarlo del todo, sino a medias, por el ministro de turno, en las meteduras de pata de este gobierno-, puesto en la calle por boca de la Ministra de Sanidad, Igualdad..., que por imposición, y sin miramientos de vulneración de principios fundamentales, sea retirada la custodia de los hijos al padre, supuesto maltratador, por el mero hecho de ser denunciado por maltrato por la madre. Fuera la presunción de inocencia, fuera los intereses de los menores, fuera los derechos fundamentales del ciudadano, mayúsculo el dislate y soberbio el disparate; pero, es que ni tan siquiera, mientras no exista veredicto judicial, puede privarse a nadie del derecho a sus hijos; y, puestos en ese extremo, por pura equidad y por pura ética debería quitárseles el mismo derecho a los dos progenitores, toda vez que ni se sabe quien es el culpable ni quien el no culpable. De no proceder así, sino a la ligera, no sólo será marcado -en principio injustamente- él, ante la sociedad -como viene desgraciadamente sucediendo desde que entrara en vigor la referenciada ley integral-, sino lo que es peor ante sus propios hijos, a los que el “día después” será muy difícil explicar, caso de inocencia, que su padre no es un maltratador, mientras la credibilidad de la madre queda impoluta. Pues, no, esto no es justo.

29/10/10

Las falsas denuncias tienen su espacio.

Se sigue mirando hacia otro lado, a pesar de que a nadie escapa, o quizás si, por falta de explicación e información, o no debiera escapar y si se debiera rectificar, que en el cuadro de la vorágine social entorno a la desgraciada violencia de "género", y entorno, a la ley integral contra la misma, las falsas denuncias se han hecho su espacio, espacio a la sazón dañino para el hombre y benévolo para la mujer; y, se han hecho su espacio, aprovechando los atajos que tal ley, posiblemente sin intencionalidad, pero si con error, y no es nada nuevo, ni novedoso, provocando que unos se sientan discriminados y otras beneficiadas, toda vez que frente a un mismo hecho delictivo, lo que para unos es delito, para otras es sólo falta, lo que evidencia, hasta para el más profano, clara contradicciónn respecto al equilibrio de la igualdad y claro atropello al derecho, sin discriminación, a la equidad frente a la ley. Dicho esto y pese al, una y otra vez, machaconeo desde muy diferentes instancias acerca de que en los diversos hechos juzgados en los que puede o pudiera estar presente la tan negada falsa denuncia -hechos enjuiciados dentro del presunto maltrato de él hacia ella-, se insiste en que es muy difícil evidenciar, y por ende juzgar como tal una denuncia falsa, habida cuenta de que no se considera como tal por no poder ser probados los indicios de su existencia, quedando el asunto en absolución del encausado por falta de pruebas, conduciendo lo cual a la no posible condena de ella, por tanto, por falsa denuncia, toda vez que tal hecho es de gran dificultad probarlo; se insiste, e insisten en la negación de la evidente existencia. Y, claro que se producen denuncias falsas; y, claro que fruto de ellas, en el escenario de la vida real, él, se traga un encausamiento por maltratador, y carga sobre sus espaldas, en el mejor de los casos, una orden de alejamiento, y en el peor un auto de prisión más una orden de alejamiento, además de ser estigmatizado socialmente con el "carné" de maltratador, huella que no borrará nadie, ni el tiempo, de su currículo social personal, toda vez que una vez juzgado y -con suerte- absuelto sin ningún cargo, el veredicto es tal por falta de pruebas, lo que obliga al encausado, si quiere limpiar su honor -porque es de derecho, faltaría más- a iniciar un nuevo proceso contra la denunciante para demostrar que fue denunciado en falso; y, esto, por desgracia, no hay persona que lo aguante -ni psicológicaaa, ni económica, ni humanamente- después de haber estado sometido a la presión del miedo, el sin vivir y la impotencia de verse enredado, soez y discriminatoriamente, largo tiempo, en el desagradable trance del estigma de maltratador -esta situaciótambiénen es violencia de género-.
Pero si lo anterior es de una claridad, lesiva, meridiana; el asunto es, mucho más cruel, mucho más discriminatorio y mucho más lesivo, cuando existen hijos de por medio. Toda vez, que además del sufrimiento de ser denunciado en falso y el calvario cruelmente soportado -por maltratador-, él, se ve privado de los derechos hacia su prole, siendo despojado de la guarda y custodia de los mismos -situación que se produce aún sin mediar denuncias, toda vez que la tutela compartida no se contempla como norma prioritaria en las separaciones, hecho que, inexplicablemente, no cambia definitivamente de signo, pese a los avances de algunas autonomías y que debería ser ya generalizado en todo el territorio español- y, en el mejor de los casos, "gratificado" con un régimen de visitas, eso si, "previo pago" de pensión alimenticia, y sujeto a las muy fácilmente posibles negativas de la madre o impedimentos encubiertos- driblando la ley- para que cursen con normalidad las mencionadas visitas a los hijos.
Pues, si, estas cosas acontecen en el escenario de la violencia de género. Estas cosas son parte no explicada a la sociedad, con la claridad debida, como atrezo del argumento de los aconteceres entorno a la -es una apreciación personal- no tan justa ni acertada ley integral de género. Estas cosas deben ser debatidas en el escenario de las políticas sociales. Estas cosas deben ser tratadas y corregidas en y desde las instancias judiciales. Estas cosas deben ser de atención prioritaria y no deben ser soterradas como si de epidemia contagiosa se tratara. Y deberían, o deben ser tratadas porque en el marco de las políticas sociales, la legitimidad de las personas a los derechos más fundamentales, como es la no discriminación, no puede estar sometida a devaneos y mucho menos al arbitrio interesado del poder, pues ello ni es ético, ni es moral, ni es de justicia.

8/9/10

Observatorio de género e igualdad

Vale ya de escaparatismos y basta ya de trivialidades, no es que el observatorio de género madrileño no tuviera sentido es que no tiene sentido ni el ministerio de igualdad, ni el derroche presupuestario en igualdades de pegote y en estudios clitorianos, y en lingüística barata y en retorcidas retóricas de sexo, género y otras cuestiones de marcado coste, innecesario, social.
Cada día es más amplio el sector de población que se pregunta el por qué y el para qué de un ministerio de igualdad, y se llega a una coincidente conclusión, que sólo es un escaparate de tendencias partidistas, una exposición de intereses electoralistas y un sin sentido de argumentos no conducentes a ninguna parte.
¿Cuánto supondría de ahorro a este país la supresión de tan innecesario ministerio?. Porque, vamos a ver, para equilibrar el posicionamiento equitativo de hombres y mujeres en la vida diaria y en ella en cada una de las parcelas de actividad social, laboral, empresarial, política; en una palabra, en el entramado de la estructura activa del funcionamiento de un país; para equilibrar ese posicionamiento; no hay que conformar nuevas instancias, sino desde las esferas que existían y existen en ministerios con connotaciones y atribuciones harto sobradas en acción social, propiciar los mecanismos para sin exageraciones conducentes a nuevas discriminaciones, solucionar las existentes. Conseguir la plena igualdad hombre-mujer, no tiene porque conllevar sobrecargos y cargas, no, ni mucho menos, lo que se tiene que hacer es conjugar realidades y tomar decisiones que alcancen un paralelismo que suprima aquellas diferencias que conducen a la desigualdad. Es cuestión de en vez de tantas campañas, en vez de tantas subsecretarías, oficinas y despachos, en vez de tanta literatura, en vez de marear tanto la perdiz, empezar por organizar regladamente los sistemas de proporcionalidad en, por ejemplo, puestos de trabajo para hombre y mujer; establecer con claridad y ordenamiento laboral las bases salariales en función de a igual trabajo igual remuneración; proporcionalidad real en el terreno de representación política, administrativa, funcionarial; educar desde la escuela para la colaboración y el reparto de tareas domésticas, cuidado de hijos, etc.; y, desde luego, es evidente que con una buena base educativa y aprovechando al cien por cien los recursos de que se dispone a nivel político y de gobierno, no son necesarios ministerio sombra, ni ministerios de gasto para lograr objetivos de equidad en igualdad.
¿Cual es el bagaje del existente ministerio de igualdad, en materia de esta, además de moverse siempre entorno a un desmedido afán de desprotagonizar al hombre a cambio de protagonizar a la mujer -esto, es claro, entre otras muchas razones, lo hace innecesario-?, eso, es obvio, no es trabajar la igualdad; antes al contrario, es tender puentes inconsistentes y no solucionar nada. Radicalizar el feminismo y demonizar al hombre no es conducente sino a la recesión en políticas de igualdad.
Si se traslada el aparato operativo actual de la igualdad, al campo de la problemática de las familias en situaciones de ruptura de relaciones matrimoniales o de pareja, de igual forma se choca con una igualdad inexistente y además emponzoñada cada día más con fuertes dosis de feminismo mal dirigido y peor interpretado.
Así, pues, si con lo que va de legislatura siguen vigentes los problemas y problemáticas mencionados más arriba, está sobradamente, más que claro, que la efectividad del ministerio de igualdad es nula; habida cuenta que sus resoluciones competenciales distan mucho de los resultados alcanzados. Esto, claro está, depende desde la óptica que se contemple, depende de los intereses que se defienden y por supuesto los fines que se persiguen o los que se anteponen para la consecución de los fines perseguidos. De tal manera, suprimir en la Comunidad de Madrid ese observatorio de género, no parece sólo un acierto, sino la necesaria reflexión -ni nueva, ni cerrada en la cotidianidad ciudadana y política- para prescindir en la vida política actual de un ministerio de igualdad.


7/9/10

En el ochenta y cuatro por ciento de los casos de disolución matrimonial se concedió en 2009 la custodia a la madre.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística -INE-,los matrimonios rotos entre parejas españolas disminuyeron, en 2009,un 10,7 por ciento; los divorcios se redujeron en un 10,6 por ciento y se produjeron un 12,3 por ciento menos de separaciones que en 2008.
Un 53,6 por ciento de los matrimonios rotos en 2009 estaban conformados con hijos menores, y en el 57,5 por ciento de los casos se asignó, tras el proceso de separación, pensión alimenticia, correspondiendo el pago de la misma en el 88,7 por ciento de los casos al padre y en el 6 por ciento a ambos progenitores.
Tras el proceso de separación o disolución de los matrimonios o uniones, la guarda y custodia de los hijos menores correspondió a la madre en el 84 por ciento de los casos y sólo fue compartida por ambos progenitores en el 9,7 por ciento de los casos.
Los datos hablan por si solos. La primera conclusión, a la vista de los citados, es el asentamiento del continuismo férreo de un monoparentalismo materno, y por consiguiente una discriminación absoluta del padre o progenitor varón. No vamos a entrar en el debate, manido, de los argumentos psicológicos ni de conveniencia por motivos de crianza, porque a ellos habría que añadir, con igual peso, los de desarraigo afectivo contra padre, impuesto a los hijos por el sistema predominante, privación de derechos y otros de igual peso especifico que se obvian a capricho y con una negligencia tétricamente absolutista; pero, dicho lo cual,el otorgar en el porcentaje de referencia -84 por ciento de los casos- la guarda y custodia a la madre, denota el dictatorial grado de discriminación del padre -varón- y el ínfimo e invisible grado de igualdad entre hombre y mujer tan gratuitamente voceado por el "gobierno central de las igualdades". Es difícil no caer en la espiral de la repetición y repetitivamente abundar en el plano del desequilibrio en la administración correcta del reparto de derechos fundamentales en materia de hijos en los procesos de separación, ruptura y/o divorcio; pero, por ello, precisamente, es imposible no considerar, en su análisis, que nunca -o en un ínfimo porcentaje de situaciones- se anteponga el beneficio de los hijos a la tendencia costumbrista y trasnochada de erigir a la madre como la protectora y salvadora absoluta, mientras se desgaja el afecto paterno-filial y a éste, al padre, se le nombra prócer material de las cargas materiales de cuyo cumplimiento o incumplimiento dependerá el disfrute de su ejercicio paterno y su autoridad moral y afectiva para con sus vástagos.
Que buen momento, para que desde las esferas del sistema "pregonero" de las igualdades, se ponga recta corrección y equitativo proceder en el reparto de consideraciones y sus atributos en igualdad moral, afectiva y humana, para así poner en práctica real, en tiempo y ordenamiento, la defensa de los derechos de los menores y adolescentes, hoy desvalidos en el océano de un monoparentalismo inconsecuente encayado en el dique de una desigualdad incongruente y discriminatoria, muy perjudicial y nocivo para su desarrollo afectivo-familiar, social y educativo.